Publicada el viernes 28 de abril en Diario El Mercurio
Señor Director:
Mucho se ha hablado sobre seguridad y el acuerdo es transversal cuando se plantea que su abordaje es urgente. En este contexto, el segundo informe del Comité para la Prevención de la Tortura sobre la situación de DD.HH. de las personas privadas de libertad en Chile, recientemente publicado, nos entrega algunas de las cifras que no podemos pasar por alto al hablar de seguridad.
Primero, resulta alarmante que -considerando los años 2021 y 2022- el 98% de las sanciones en recintos penitenciarios hayan consistido en privaciones de visitas. Junto con ello, en el período señalado se aplicaron 1.258 sanciones de internación a celda solitaria, vale decir, 22 horas de encierro sin acceso a servicios higiénicos, oferta programática, salud, visitas ni llamadas telefónicas. Así, se observa una persistencia de las medidas que contribuyen al aislamiento y al deterioro en la calidad de vida y salud mental de las personas recluidas.
¿Cómo se espera avanzar hacia procesos de reinserción efectivos si se continúa desestimando la vital importancia de la vinculación social en aquellos? ¿Se están promoviendo actitudes prosociales? Vemos que tan solo un 37% de las mujeres declaró haber recibido algún tipo de capacitación laboral, y un 41% haber realizado alguna actividad laboral durante el cumplimiento de su condena.
Por lo anterior, se hace imperiosa la existencia de una ley de ejecución penal que regule el régimen de aislamiento, los mecanismos de registro y supervisión, la oferta programática y el acceso a la educación y salud; en conformidad con los estándares internacionales ya ratificados por Chile.
Bernardita Frez
Directora Proyecto Juntos x La Reinserción
Comunidad de Organizaciones Solidarias
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