A 15 años del fatal incendio en la cárcel de San Miguel: memoria que exige no repetir

El 8 de diciembre de 2010, un incendio en la cárcel de San Miguel dejó 81 personas privadas de libertad fallecidas, 16 heridas y más de 200 evacuadas. La sobrepoblación en el penal, el hacinamiento, la falta de personal y las fallas en los protocolos de emergencia fueron determinantes en la magnitud de la tragedia.

Lo que pasó 

La madrugada del 8 de diciembre, una riña entre internos en la torre 5 desencadenó el incendio. El fuego se propagó rápidamente por colchones y materiales inflamables, y el humo cubrió el módulo en pocos minutos.

La cárcel de San Miguel había sido diseñada para alrededor de 1.100 personas, pero al momento del incendio albergaba cerca de 2.000. Los dormitorios estaban saturados, las vías de escape resultaron insuficientes y el personal disponible en el turno de noche no feu suficiente para abrir puertas, evacuar y contener la emergencia. Las redes contra incendio presentaron fallas y Bomberos también enfrentó dificultades para ingresar.

Nada de eso era desconocido. El hacinamiento y las malas condiciones en las cárceles chilenas habían sido advertidos en informes de la propia institucionalidad y de organismos de derechos humanos. Sin embargo, la combinación de todos esos factores se hizo visible cuando ya era demasiado tarde.

Detrás de las cifras había personas e historias: jóvenes, padres, hijos, amigos. La edad promedio de quienes murieron rondaba los 24 años. Algunas de las víctimas estaban en prisión preventiva, es decir, ni siquiera tenían todavía una condena dictada. Otros, estaban cumpliendo penas breves, o iniciando procesos de cambio que quedaron interrumpidos esa madrugada.

Las familias de los 81 fallecidos han sostenido durante estos años la memoria de sus seres queridos, buscando justicia e insistiendo en algo que es fundamental recordar: que esas vidas estaban bajo responsabilidad del Estado. 

Tras el incendio, se repitió muchas veces que algo así “no podía volver a pasar”. Se anunciaron medidas para descomprimir las cárceles, revisar la infraestructura y fortalecer los protocolos de emergencia.

Si bien hubo avances parciales, especialmente en materia de infraestructura y equipamiento, la situación penitenciaria actual nos alerta de los riesgos del olvido. Con el nivel de sobrepoblación actual, y las condiciones indignas y riesgosas en muchos recintos, es difícil sostener que las promesas hechas después del incendio estén plenamente cumplidas.

Dónde estamos hoy y qué sigue pendiente

Hoy, nuevamente, el sistema penitenciario chileno funciona muy por sobre su capacidad: con una ocupación promedio de 146,6% y recintos sobre el 250%, decenas de miles de personas están viviendo en cárceles que no alcanzan a responder a esa presión. En este contexto, mirar hacia atrás no es solo un ejercicio de memoria; también es una forma de preguntarnos qué hemos hecho y qué necesitamos hacer para no repetir una tragedia así.

En los últimos años se ha registrado un aumento sostenido de la población penal y un uso intensivo de la prisión preventiva, mientras la capacidad de las cárceles se mantiene prácticamente estancada. Esto se traduce en dormitorios llenos, servicios básicos sobreexigidos, poco espacio para actividades y programas, y mayores tensiones tanto para las personas privadas de libertad como para los funcionarios. 

Si tomamos en serio la promesa de no repetir, hay desafíos urgentes que se deben atender: disminuir el hacinamiento, usando la prisión y la prisión preventiva con criterio y fortaleciendo las medidas alternativas; asegurar condiciones dignas y seguras en todos los recintos, con infraestructura adecuada, protocolos claros y dotaciones suficientes; y fortalecer la reinserción social, porque un sistema que solo encierra, sin ofrecer oportunidades reales de cambio, no reduce la reincidencia ni mejora la seguridad para la sociedad.

Conmemorar los 15 años del incendio en la cárcel de San Miguel no es solo mirar al pasado. Es preguntarnos qué estamos haciendo hoy con las personas que están privadas de libertad y qué estamos dispuestos a cambiar para que ninguna cárcel en Chile vuelva a convertirse en escenario de una tragedia como esta.

La memoria de las 81 personas que murieron en la torre 5 implica exigir que el Estado cumpla su deber de proteger la vida y la dignidad de quienes tiene bajo su custodia, y empujar los cambios necesarios para que el hacinamiento, la precariedad y la desprotección dejen de ser parte de la realidad carcelaria en Chile. 

En este día, conmemoramos el incendio ocurrido en la cárcel de San Miguel y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las 81 personas que perdieron la vida, y de quienes resultaron heridas o afectadas por esta tragedia.